11 de enero de 2011

Transición democrática: La reforma inevitable.



Hablar sobre transición política en México es hablar para unos, de una lineal historia reciente y para otros de un lejano camino de veredas, pero las distintas posturas sitúan puntos de partida, que dan comienzo a la transición política, algunos ejemplos son los movimientos sociales de los ferrocarrileros a finales de los cincuenta, el movimiento de médicos a mediados de los sesenta, la influencia de las revolución cubana y el movimiento estudiantil de 1968; otros parten de la reforma al artículo 41 de nuestra carta magna en 1977.

La dificultad de situar un punto de partida de la transición política es, por ser un análisis complejo de distintos enfoques e interpretaciones.
Antes de continuar puntualizo; al hablar de transición política en México, se parte de la pertenecia de nuestro país, en gran parte del siglo pasado, a un sistema autoritario basado en la hegemonía de un partido oficial.

Las características de ese sistema son las siguientes: “… está en el extremo opuesto a la democracia y tiene como rasgo más distintivo el pluralismo político limitado, sea éste legal o de facto. Esto quiere decir que la disputa por el poder sucede por medio de elecciones, aunque domina un partido único que tolera una semioposición o pseudooposición dentro del régimen. Sigue entonces con frecuencia, que los gobernantes busquen la despolitización de la mayoría de los ciudadanos aunque toleren, eso sí, la expresión de las voces minoritarias. En una situación de este tipo, las elecciones no son equitativas ni confiables porque no ponen en riesgo la dominación autoritaria; son un elemento decorativo”[1].

Es evidente que todavía compartimos características de la categoría anterior, pero la definición no cabe en el análisis de nuestro actual sistema político; debido en términos generales a la pérdida por parte del PRI de la mayoría de curules en el Congreso en 1997 y a la elección federal del año 2000 donde el gobierno priista reconoce por primera vez su derrota en la presidencia de México, y procede la alternancia política.
También es cierto, que la alternancia en el poder, no es el final de la transición hacia la democracia, ni mucho menos la consolidación de un Estado democrático. Para el sociólogo Juan Linz un país democrático es representado por “un sistema en el cual es posible expresar las preferencias políticas y ejercer las libertades básicas de asociación, información y comunicación, lo que permite lograr una contienda libre entre líderes que acceden al poder en intervalos regulares y por medios no violentos. Así pues, existe democracia cuando no se excluye a ningún miembro de la comunidad política, no se le prohíbe que participe en la competencia electoral, ni se veta la expresión de sus ideas”[2].

Actualmente la censura continúa, la falta de transparencia, la proyección de un gobernador y posible aspirante a la presidencia por medio de una irregular y evidente campaña publicitaria así como las continuas irregularidades en los procesos electorales impide que el país trascienda en la consolidación democrática.

Después del breve contexto y continuando con la ubicación que varios autores proponen como punto de partida de la transición hacia la democracia, vemos que los puntos mencionados al principio cumplen con los requisitos para situar un comienzo, tal vez unos más que otros, pero en todos se dan categorías que las ciencias sociales utilizan para analizar la transición política. Para la socióloga Theda Skocpol “el cambio de régimen se expresa en tres variables: el debilitamiento de la élite gobernante, el fortalecimiento en la autonomía de los actores individuales y colectivos, por último la transformación del papel que desempeña el factor externo en los acontecimientos de un país”[3]. De esta manera debemos entender que la transición política es un proceso gradual enriquecido por todos aquellos procesos que voluntaria o involuntariamente han permitido el avance hacia la democracia.

Sin duda, el análisis no intentará ni pretende situar un comienzo a la transición; lo que intentará es una aproximación analítica que relacione, las reformas al artículo 41 de nuestra Carta Magna a partir de 1977 con sucesos sociales, económicos y políticos de nuestro país, mediante una serie histórica. Siendo los hechos sociales el factor que impulsa las reformas y no al revés. Sin embargo, ese año constituye una apertura político-electoral que define un camino para llegar a la transición democrática.

El 41 constitucional ha tenido seis reformas a partir de 1977. La primera reforma se concreta el seis de diciembre de ese año[4].

Como presidente se encontraba José López Portillo; aunque en su discurso de toma de protesta hablaba sobre una reforma política, el promotor fue el entonces Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles. El sexenio lópezportillista llegó con bajísimos índices de legitimidad, el régimen era cada vez menos el heredero e impulsor de los ideales revolucionarios; Portillo llega a la presidencia sin contrincantes, de los cuatro partidos con registro, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana respaldaron su candidatura, mientras que el Partido Acción Nacional no participó en aquella elección. Sin embargo, “Una característica adicional del entonces exiguo sistema de partidos en México era su carácter cerrado; las facultades inatacables de la Secretaría de Gobernación para conceder el registro a nuevos partidos, en realidad fue un instrumento para impedir la proliferación de nuevas opciones políticas”[5]. Por otro lado, el ex líder ferrocarrilero Valentín Campa aspiró y contendió en ese mismo año a la presidencia, impulsado por el Partido Comunista, el cual no tenía registro, obteniendo 5.3%[6] de los sufragios de la elección de 1976.

La izquierda mexicana no participaba desde 1946 en una contienda electoral[7], el sistema político estaba cerrado; como mencioné anteriormente era una característica del régimen. Es vital señalar que la matanza del dos de octubre y el jueves de corpus, eran heridas abiertas para un gran sector de la sociedad, un importante sector de la izquierda mexicana se encontraba en la clandestinidad, la propuesta política de izquierda no entraba en el abanico institucional.

En ese contexto, el sociólogo Roger Bartra dice: “Las luchas populares de los últimos veinte años, y sobre todo los enfrentamientos de 1968 y 1971, han creado un clima político que ha obligado al gobierno a realizar una tibia pero significativa reforma electoral. Y ello ocurre no como un regalo que graciosamente otorga desde arriba el gobierno: por el contrario, el pueblo mexicano ha pagado muy cara la reforma electoral. Esta reforma la ganaron los obreros, los campesinos y los estudiantes duramente reprimidos, asesinados, torturados, encarcelados y perseguidos por el gobierno”[8].

Ante ese escenario, Reyes Heroles promueve una reforma que le da apertura a la izquierda, a nuevos partidos. Siendo las siguientes las reformas principales: “liquidar la figura de los diputados de partido e introducir el sistema mixto de representación proporcional, incrementó el número de diputados a 400 -divididos éstos en 300 uninominales y 100 plurinominales-, redujo los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro -si bien estableció dos categorías de reconocimiento, el definitivo y el condicionado- y reconoció personalidad a las asociaciones políticas”[9]. Asimismo, surge la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, madre del Instituto Federal Electoral.

El sector más beneficiado ante esa propuesta era la izquierda, pero era más complicado de lo que parece; existían distintos grupos, unos más radicales que otros, la vía por medio de la guerrilla para lograr un despertar social se debatía de la misma forma que participar en una contienda electoral con las reglas del Ogro filantrópico. Sin embargo, sucedió algo lógico, unas expresiones participaron y otras no.

“En estas circunstancias, el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) solicitaron y obtuvieron su registro condicionado. Además, cuatro asociaciones políticas nacionales de izquierda (Unificación y Progreso A.C., la Unidad Izquierda Comunista, el Movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Acción Comunitaria A.C.) quedaron habilitadas para participar electoralmente en alianza con algún partido político”[10].

En lo político y dentro del régimen también se debatía fuertemente aquella reforma, era insostenible ante ese escenario dar vuelta atrás, algunos politólogos pensaban que aquella reforma contribuiría a reforzar el poder del presidente y de su partido, al legitimarlo[11]. Como sabemos, eso no sucedió.

En las elecciones intermedias de 1979 los resultados para los nuevos partidos fueron los siguientes: Partido Comunista Mexicano con 4.97% (18 diputados); el Partido Popular Socialista con 2.59% (12 diputados); el Partido Socialista de los Trabajadores con 2.12% (12 diputados); el Partido Demócrata Mexicano con 2.05% (10 diputados); y, por último, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con 1.81% (10 diputados)[12]. Es así que un sector de la oposición es incorporada a la vida institucional del Estado.

La segunda Reforma, se decretó el seis de abril de 1990, en la cual se creó el COFIPE, también el Registro Federal de los Ciudadanos y el IFE. El contexto político a usanza priista, era de un presidente sin legitimidad, era insostenible el discurso democrático que rociaba la primera reforma pues el PRI no dejaría la presidencia y mediante un fraude electoral Carlos Salinas tomó la presidencia. Con una pronta negociación logró tempranamente el reconocimiento del PAN que a su vez representaban a la clase empresarial y a un importante sector de la Iglesia.

El candidato ganador en las elecciones de 1988 Cuauhtémoc Cárdenas, venía de una ruptura con el PRI, proveniente del Ala Democrática y en contra del “método de postulación de candidato” salió junto con otros políticos como Muñoz Ledo del partido en el poder.

La reforma de 1977, permitía a los partidos las candidaturas comunes, es decir, un mismo candidato podía representar a varios partidos, sin necesidad de colisionarse. De esta manera el proyecto de izquierda institucional se cohesionó en su mayoría y fue la clave de la victoria. La reforma de 1990 llega envuelta en el mismo paquete que el equipo de Salinas promovió como voluntad política, sin embargo la elección de 1988 no se discutía más, era la orden.

El tres de septiembre de 1993, se da la tercera reforma al artículo 41, se tenían que preparar los mecanismos para la elección del próximo año, el fraude de 1988 había dejado mal parado a México ante los ojos de otros países, en Latinoamérica algunos países comenzaban una transición democrática. La reforma de 1993 modificaba lo relacionado con los topes de campaña, se prohíbe financiamiento externo. Se retira la clausula de gobernabilidad[13].

También se vigilaba los informes de gastos de cada partido y surge el PREP. El ambiente político social se “tranquilizó” con las “reformas estructurales” de Salinas, el país se sumergía más en la crisis y el gobierno acentuó las políticas neoliberales como salida ante tal panorama. En la cuestión política el fraude ya se había registrado en el imaginario colectivo. En las elecciones de 1991 el PRI pierde Baja California Norte ante el PAN, además cuatro meses antes es asesinado en Jalisco el Arzobispo Posadas; en un entorno engorroso y político se cerró el caso.

Sin embargo, el presidencialismo seguía marcando el paso, y lo político pasó a segundo plano, colocando los tratados comerciales como la cristalización del cambio de rumbo promovido por su antecesor.

La cuarta reforma llegó en un contexto político radicalmente opuesto al año anterior, sale a la luz pública el EZLN, demostrando la brutal marginación en las comunidades indígenas y exhibiendo las políticas neoliberales como promotoras de pobreza y desigualdad, además de criticar el antidemocrático sistema político. Siguiendo la línea política, el 23 de marzo de 1994 el ya destapado candidato oficial y abanderado del Liberalismo Social, Luis Donaldo Colosio fue asesinado un mes antes de la reforma del 19 de abril de ese mismo año. El clima político irritaba, la sospecha del complot y del asesino en casa se fortalecía, la hipótesis del asesino solitario se desbarrancó a la misma velocidad que la aparente estabilidad política.

El movimiento armado, motiva la reforma y el asesinato del candidato oficial la vuelve inevitable. La reforma del 19 de abril se refiere a lo correspondiente en la organización de las elecciones y sobre todo al órgano superior de dirección del IFE.

Las elecciones de 1994 contaron con observadores extranjeros, un IFE consolidándose con “destacados” mexicanos validó los resultados dándole el triunfo al sustituto de Donaldo Colosio, “un muchachito listo” como lo llamó Diego Fernández. Aparentemente su triunfo no estuvo a la sombra de los acostumbrados fraudes electorales, pero la contienda fue desigual, atestando los medios de comunicación oficial y no oficiales con propaganda a favor de Ernesto Zedillo, como él más tarde lo afirmaría.

Así fue como la quinta reforma, la del 22 de agosto de 1996 hacía énfasis en la distribución del presupuesto a los partidos, así como al dinero proveniente de privados, también a lo relacionado con los tiempos en los medios de comunicación. Se ciudadaniza y se le da plena autonomía al IFE y a sus consejeros, retribuyendo económicamente el mismo salario al consejero presidente que a un magistrado de la SCJN. Las reformas se empezaron a convertir en agenda de gobierno, es decir, gano como haiga sido y después promuevo una moderada reforma electoral. Sin embargo, todas estas modificaciones pronunciaban el camino a la alternancia política, pero en las esperanzas ya nadie confiaba.

De nueva cuenta el país se encontraba en crisis económica, el error de diciembre había colocado en términos relativos la proporción de la población en términos de pobreza en un 60%[14]. El PAN había amalgamado un acuerdo tácito con el gobierno, la izquierda institucional mexicana no figuraba y la caza de Zapatistas era brutal.

En 1997 el PRI pierde la mayoría en el Congreso y el PRD gana la Jefatura del Distrito Federal colocando al dos veces candidato a la presidencia de la república por ese partido como el esperado Tlatoani. La Ciudad de México que ha sido espectadora y afectada de la fuerza del régimen le negó el triunfo.

En este punto muchos autores dan fin a la transición, dando paso a la alternancia y argumentando que la democracia también puede provocar gobiernos ineficaces y también se pueden tomar decisiones incorrectas, es decir, la democracia ha llegado al tener la mayoría por medio del voto, además libertad y decidir quién gobierna.

Actualmente se puede ver que la transición no terminó, el ataque a los últimos gobiernos priistas fue principalmente referente a lo democrático, un fraude como el de 1988 traería inevitables consecuencias y un presidente que supo dejar el poder hizo insostenible una victoria más del PRI. Sin embargo, los gobiernos siguientes no promueven las reformas estructurales que moverían todo el andamiaje necesario para democratizar el país.

Las reformas desencadenantes al 41 constitucional, lograron el cambio de régimen. La euforia del momento hizo que lo relacionado a los topes de campaña terminara sólo en multas, los Amigos de Fox y el Pemexgate fue olvidado fácilmente, ahora ya no importaba nada, el PRI había perdido.

Nueve años después de la quinta reforma, donde parecía que ya nos habíamos subído al barco de los países democráticos, donde el IFE y sus miembros eran incorruptibles y su ex presidente José Woldenberg se había convertido en paladín y especialista en democracia; sucede otro fraude electoral, impulsado por una nueva lógica del poder en México, surge un grupo que brota a partir del desplome del régimen priista, emergen nuevos poderes facticos, se reorganiza la estructura de poder, muchos son los beneficiados de las reformas Salinistas, en especifico, el sector empresarial y los medios de comunicación. Este grupo articula una campaña en contra del candidato presidencial por el PRD, Andrés Manuel se posicionaba como favorito en las urnas, su proyecto ajeno a ese grupo contribuyo a esa inusitada campaña sucia y el “haiga sido como haiga sido” se impuso de nuevo.

Este proceso electoral derribo la cubierta democrática, después de las elecciones de 2006 el IFE se percibe como instrumento del gobierno, el sistema político deja ver que el discurso democrático era aceptable, pero en la acción sólo es bienvenido si beneficia. Era inevitable otra reforma política que para muchos quedaba corta, el 13 de noviembre de 2007, el artículo 41 es reformado por última vez a la fecha. Lo relacionado con tiempos en los medios fue el tema medular de la reforma constitucional, esto después de una elección respaldada por una campaña sucia contra el candidato del PRD principalmente en los medios de comunicación.

También la misma clase política vio la fuerza de los medios, regular sus atribuciones era la iniciativa de un sector que mira al monopolio de la comunicación como lo que es: Un poder fáctico.

Esa tibia reforma no compensaba lo que para unos fue “inconsistencias en el proceso” ni mucho menos lo que para otros fue un fraude electoral. Las reformas se han convertido en un estira y afloja entre todos, dependiendo el tema se está a favor o en contra, sí a las candidaturas ciudadanas pero no la institucionalización del voto nulo, sí al referéndum pero no la revocación de mandato. La clase política como clase gobernante en diversas ocasiones se agrupa como un frente de intereses, muchos de ellos ven en las reformas un peligro para su supervivencia y no ven que detenerlas es obstruir el proceso democratizador que ha costado sangre, libertades y muchas vidas.

La transición de un régimen a otro no se ha concretado, todavía hay cuerdas que el régimen posrevolucionario maneja, el país tiene forma de gobierno democrático pero falta todo lo demás, hace falta un conjunto de fuerzas políticas entre ellas la consistente participación de la sociedad civil para acordar las reglas de juego, la confianza se ha erosionado después de la elección de 2006.
Las reformas electorales lograron la alternancia política, pero no han logrado una consolidación democrática, esto es porque la solución no son las reformas, las reformas son parte de la solución. La reforma de 1977 fue el resultado de una convocatoria de voluntades, sucesos y experiencias suficientes para lograr ese encadenamiento. Ante el actual escenario, la ciudadanía debe impulsar la transición hacia la democracia, tener una mayor participación política, ya que “…la transición no es una idea ni un esquema preconcebido; no es el proyecto de un grupo ni de un partido; no tiene un protagonista privilegiado ni un sujeto único, no es una fecha, una coyuntura, una reforma, un episodio y mucho menos una campaña electoral, por importante que sea. La transición es la suma de todo eso y mucho más”[15].


[1] Aguayo. S. (2010) Para entender la transición. Vuelta en U. México. Ed. Taurus. P.21.
[2] Aguayo, S. (2010) cita a Juan Linz (1964) Op.cit.
[3] Aguayo, S. (2010) cita a Theda Scocpol (1979) Op.cit. 22.
[4] Cámara de Diputados (2010) LXI Legislatura. Reformas constitucionales por artículo. [Internet] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm.
[5] Córdova Vianello, L. (2008) La reforma electoral y el cambio político en México. Instituto de investigaciones jurídicas UNAM. [Internet] Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2527/17.pdf p 4.
[6] Elecciones en México. (2010) Elecciones presidenciales 1970-. [Internet] Disponible en: http://www.historiaelectoral.com/mexico.html
[7] Aguayo, S. (2010) Op.cit. p.91.
[8] Bartra, R. (1986) “El miedo a las urnas” La democracia Ausente. México. Ed. Grijalbo. P. 149
[9] Op.cit. http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm.
[10] Ibídem.
[11] Bartra, R. (1986) OP cit. P 157.
[12] Op.cit. http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm.
[13] La Cláusula de gobernabilidad garantizaba que el partido que lograra la primera minoría automáticamente recibía suficientes curules adicionales para controlar la mayoría absoluta.
[14] Tello, C.”Combate a la pobreza”. México 1920 -2006. México. Ed. UNAM. p. 716.
[15] Woldenberg, J. (2002) Seis tesis sobre la construcción a la democracia. La construcción de la democracia. México. Ed. Plaza Janés. P. 21.